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Congresos

XX Congreso de la Internacional Socialista, Nueva York

09-11 de septiembre de 1996



UNA AGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL SIGLO XXI  


Introducción

No se encuentra en la historia ninguna otra época tan ligada a los derechos humanos como el siglo XX. Este siglo pasará a la historia tanto por la defensa como por los abusos más abyectos de esos derechos y libertades fundamentales.

A finales de este siglo es por tanto necesario y legítimo sacar las conclusiones de cien años de avances y fracasos en la persecución de uno de los más nobles objetivos de la acción política: dar a los hombres, mujeres y niños del globo las libertades y derechos tal y como se recogen en tantos instrumentos y declaraciones, y que no se observan en tantas trágicas violaciones e incumplimientos.

Más que en cualquier otro momento en el pasado, la defensa de los derechos humanos ha movilizado no sólo a catedráticos y especialistas, expertos gubernamentales y abogados, sino también a un gran número de personas que se han constituído en ONGs, que hoy en día forman parte del enorme movimiento internacional por los derechos humanos. Más aún, hoy en día, la preocupación por los derechos humanos ha llevado a la creación de un enorme número de instituciones en torno a las cuales giran las actividades de numerosas organizaciones de ámbito nacional e internacional, comenzando con las Naciones Unidas.

Aunque periódicamente disminuya su prominencia en la agenda internacional de objetivos políticos y dirigentes internacionales se olviden de ellos, aunque los Estados y gobiernos siempre los discriminen poniendo por delante objetivos más materialistas y mundanos - sobre todo ventajas de carácter económico - los derechos humanos asumen un carácter cada vez más irreversible; más aún, ellos van a adquirir más importancia en la política mundial gracias a una toma de conciencia internacional a través de la información global que caracteriza a nuestra sociedad sin excluir nada de su atención.

No obstante, no hay duda de que a pesar de que han registrado un avance espectacular en difusión y concientización, despertando sensibilidades y preocupaciones, el balance en la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales en el globo arroja un saldo preocupante.

Aunque la inteligencia humana y el progreso de la tecnología han combatido con éxito muchos males que solían azotar a la humanidad - por ejemplo, las enfermedades, la ignorancia, las consecuencias de catástrofes imprevisibles - sería difícil mantener que los abusos de los derechos humanos han sido erradicados para siempre. En particular, existe todavía una gran contradicción entre las normas adoptadas internacionalmente y las prácticas toleradas a nivel nacional.

Este hecho está bien documentado por un creciente volumen de informes sobre derechos humanos en el mundo publicados por autoridades nacionales e internacionales, gobiernos, órganismos y grandes ONGs internacionales que velan por los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Es pues imperativo, después de la experiencia de esta década y las pasadas, crear una nueva agenda de los derechos humanos para el siglo XXI.

Esta agenda debe tomar en cuenta los retos y peligros del pasado que han sido analizados y precisados por una multitud de conferencias y reuniones internacionales, como la Conferencia Internacional de Viena sobre Derechos Humanos de 1993 y otros megacongresos organizados por las Naciones Unidas, como las Conferencias de Copenhague, Cairo, Pekín y Estambul sobre Asuntos Sociales, Población, la Mujer y los Asentamientos Humanos.

Los siguientes análisis y propuestas no se desviarán del planteamiento de derechos humanos y libertades fundamentales universalmente asumido hoy en día, ya que los considera indivisibles e interdependientes y no admite que una categoría o clase de derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles o políticos, sea más importante que otra.

Dichas propuestas procuran establecer los elementos que debe abarcar una agenda de derechos humanos para el siglo XXI cuyo punto de partida sean las experiencias pasadas y las tendencias actuales y cuyo objeto es potenciar una serie de derechos humanos y libertades fundamentales universales. Esto incluirá un considerable número de preocupaciones que han caracterizado al siglo XX y que seguirán vigentes en las próximas décadas.

Por tanto, una Agenda para el avance de los derechos humanos para el siglo XXI, aunque no va a discrepar de una manera fundamental del actual en cuanto al contenido de dichos derechos, deberá sin embargo ser más resuelto y ambicioso. Su objetivo deberá ser el alcanzar un nivel mucho más elevado de concientización y preparación en su defensa, introduciendo nuevos métodos más refinados y menos peligrosos, creando así un grado de seguridad para los derechos humanos sin precedente.

Un nuevo orden universal de derechos humanos:

Principios generales

Un nuevo orden universal de los derechos humanos, como han demostrado ampliamente los intentos de crear dicho orden en tiempos pasados, debe basarse en ciertos principios generales de tal modo que sean aceptables y adoptados universalmente.


Carácter universal

Los derechos humanos, aunque arraigados en numerosas culturas, tienen carácter universal. Gracias a ese carácter universal, aportan protección a toda la humanidad sobre todo a grupos especiales como pueden ser mujeres, menores, minorías, pueblos indígenas, trabajadores, minorías nacionales, refugiados, desplazados, minusválidos y ancianos. No obstante reconocer el pluralismo cultural, no toleran ciertas costumbres que merman los derechos humanos universalmente reconocidos, incluyendo los derechos de la mujer.

Como los derechos humanos representan una preocupación global y tienen un valor universal, su defensa no puede ser considerada una intrusión en la soberanía nacional.


Carácter indivisible e inter-dependiente

Los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son individuales e interdependientes. Por tanto, ningún grupo de derechos humanos puede tener más importancia que otro. Tampoco es posible sostener que un grupo de derechos constituye, en la práctica, una condición previa para el disfrute de otros. Esos razonamientos no tienen un fundamento legal ni empírico, pero pueden destrozar con facilidad la base sobre la cual se pueda construír un consenso internacional.

No obstante, los derechos humanos sí tienen una dependencia recíproca, como lo demuestra el hecho de que los derechos económicos exigen una distribución justa de recursos y renta, el derecho a no sufrir hambre ni pobreza. Dichos derechos sólo pueden protegerse en sociedades en las que el pueblo puede ejercer sus derechos civiles y políticos, por ejemplo, el derecho que tienen los trabajadores a constituirse en sindicatos para defender sus derechos económicos. La pobreza es una consecuencia de un mal desarrollo frente a una violación sistemática de derechos humanos.

Debe haber una aproximación global e integrada a los derechos humanos. Una vez establecidos, estos derechos no pueden ser esgrimidos para negociar otros derechos.


Solidaridad

La dimensión Norte-Sur de la agenda de derechos humanos es fundamental. La solidaridad, según recoge la Declaración del Derecho al Desarrollo, es "la solidaridad entre países industrializados y sus asociados en los países en vías de desarrollo, y solidaridad dentro de cada país con los más desventajados". El derecho al desarrollo es universal e inalienable.

Del año 2000 en adelante, cuatro quintos de la población mundial estará viviendo en países en vías de desarrollo. Las cifras de pobreza total y desesperación seguirán creciendo.

La solidaridad con la población de todos los países requiere una comunidad de intereses y valores para encarar aquellos problemas que no respetan las fronteras, tales como la degradación medioambiental, la emigración, las drogas o las epidemias. La seguridad de todas las personas decrece por la pobreza y miseria que existe en el mundo. El desarrollo es importante: la ayuda externa funciona si es apropiadamente aplicada en condiciones propicias.

La comunidad internacional necesita mantener e incrementar el volumen oficial de asistencia al desarrollo para así revertir la creciente marginalización de los desposeídos y progresar hacia unos objetivos realistas de desarrollo humano.

Se debería poner en marcha un programa de desarrollo global para conseguir para principios del siglo que viene:

  • una reducción masiva en la proporción de personas que viven en condiciones de pobreza extrema;
  • educación primaria universal en todos los países;
  • igualdad entre el hombre y la mujer;
  • acceso, a través de sistemas primarios de sanidad, a servicios de salud reproductiva para todas las personas de la edad apropiada.


Las políticas de desarrollo deberían también asegurar que las tendencias actuales en la pérdida de recursos medioambientales sean eficazmente revertidas tanto a nivel global como nacional.

El éxito o fracaso de la gente y países pobres en avanzar en un mundo interdependiente tendrá una profunda influencia en la configuración del siglo XXI y en el lugar que ocuparán en él los derechos humanos y las libertades fundamentales.


Integración

Las actividades en defensa de los derechos humanos no deben plantearse ni plasmarse de una manera puntual, aislada, sino que deben quedar integradas en otras actividades, como la cooperación para el desarrollo, el mantenimiento de la paz y otras formas de resolución de conflictos. Sin embargo, es indispensable distinguir entre actividades que tienen por objeto indagar y vigilar la observancia de los derechos humanos por una parte, y por la otra aquéllas que pertenecen al campo de los servicios de asesoría y de colaboración técnica. La distinción entre una y otra clase de actividad es fundamental y debe permanecer vigente. Igualmente, aunque el mantenimiento de la paz, el ejercicio de "buenos oficios" y la conciliación tienen una gran importancia y deben reflejar en lo posible elementos integrados de derechos humanos, no pueden considerarse sustitutos de la vigilancia de los derechos humanos, ni será apropiado en muchos casos combinar en una misma entidad la responsabilidad de desempeñar diferentes funciones. Por el contrario, en numerosas situaciones lo que se requiere es que los responsables de vigilar si los derechos humanos se observan o no, se ocupen de examinar si los asesores técnicos, responsables de mantener la paz y otros, se ocupan de promover los derechos humanos y otras actividades, en lugar de ser reemplazados por éstos.

 
Los elementos esenciales para el desarrollo y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Democracia, libertad de pensamiento y de expresión

Democracia


La democracia es más que un mero proceso formal o legalista. Es más que un ritual consistente en votar en elecciones en Estados pluripartidistas. La verdadera democracia consiste en la participación del pueblo en todos los niveles de tal modo que éste tiene voz en los debates de quienes lo gobierna. Pero la democracia debe no sólo gobernar el proceso político, sino que debe abarcar todas las esferas de la sociedad, incluyendo la vida social y económica. Democracia es también un concepto dinámico que requiere un desarrollo constante y un movimiento hacia bases cada vez más fuertes.

Debe plasmarse de tal forma que el pueblo quede capacitado, facilitando la participación de las bases y demás niveles por medio de procesos e instituciones que sepan responder a sus demandas y se resposabilicen ante representantes nacionales tanto como locales. Exige el buen gobierno, la ausencia de corrupción y la responsabilidad de las autoridades, estatales o no, frente al pueblo. Implica la protección y participación de aquéllos que no forman parte de la mayoría, es decir minorías y grupos marginados. Está íntimamente ligada a la cuestión agraria y la justicia social para la clase campesina y grupos no privilegiados.

La democracia es un estilo de vida; debe difundirse a todas las manifestaciones de la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, etc. Debe fomentarse y estar garantizada en todos los países.


Democracia, desarrollo y buena gobernabilidad

La democracia y el desarrollo están vinculados de una forma fundamental. Están vinculados porque la democracia es la única base a largo plazo para manejar intereses étnicos, religiosos y culturales dispares de tal manera que los riesgos de que estalle un violento conflicto interno se vean reducidos al mínimo. Están vinculados porque la democracia está inherentemente ligada a la cuestión de gobernabilidad, que impacta en todos los aspectos del desarrollo. Están vinculados porque la democracia es un derecho humano fundamental, y su avance representa a su vez una medida importante del desarrollo.

En consecuencia, la cuestión de la forma de gobierno adoptada por los miembros de la comunidad internacional, los Estados naciones, ha pasado a integrar en una mayor medida la agenda política internacional. Sobre todo, el avance hacia un ordenamiento democrático universal y el buen gobierno se consideran crecientemente - sobre todo en las palabras y filosofía del "Programa para la Paz" de Boutros-Ghali - el máximo objetivo de todas las actividades orientadas a conseguir, mantener y fomentar la paz.

La celebración de elecciones no son más que un elemento en el proceso de democratización. Estados miembros de Naciones Unidas han recibido la ayuda solicitada a esa organización para facilitar la descolonización, poniendo en efecto de esa forma el derecho a la autodeterminación con métodos que propician la transición a la democracia y opciones democráticas para evitar enfrentamientos. Las Naciones Unidas ha apoyado asimismo otras actividades, como redactar constituciones, instituir reformas administrativas y financieras, fortalecer las leyes nacionales en defensa de los derechos humanos, mejorar las estructuras judiciales, encargarse de la formación de funcionarios responsables de derechos humanos y ayudar a movimientos armados opositores a convertirse en partidos políticos democráticos.

Aunque la democracia no es la única forma que se puede adoptar para mejorar el sistema de gobierno, es la más fiable. Basada en una mayor participación popular, la democracia tiende a reflejar los anhelos y preferencias de la sociedad en general en los objetivos nacionales de desarrollo. En vista de que sienta mecanismos y vías apropiadas para la sucesión gubernamental, la democracia aporta estímulos para defender la capacidad, fiabilidad e integridad de las instituciones centrales del Estado, como el cuerpo de funcionarios, el sistema legal y el mismo proceso democrático. Al establecer la legitimidad política de los gobiernos, la democracia refuerza su capacidad de desarrollar sus políticas y funciones eficiente y efectivamente. Al hacer a los gobiernos responsables ante los ciudadanos, la democracia obliga a los gobiernos a que respondan a las preocupaciones del pueblo y ofrece más incentivos a la transparencia en la toma de decisiones.

El mantenimiento de la democracia y del desarrollo dentro de los Estados está íntimamente vinculado a una extensión de la democracia en las relaciones entre los Estados y en todos los niveles del sistema internacional. La democracia en las relaciones internacionales aporta la única base para conseguir un apoyo y respeto mutuo entre naciones. Sin una verdadera democracia en las relaciones internacionales, la paz no puede perdurar, ni se puede garantizar un ritmo aceptable de desarrollo.

La democracia dentro del concierto de naciones es un principio fundamental en el sistema de relaciones internacionales previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Es un principio que implica proporcionar a todos los Estados, grandes y pequeños, la máxima oportunidad para la consulta y la participación. Implica la aplicación de principios democráticos dentro de la misma Organización de las Naciones Unidas.

La democracia en las relaciones internacionales también implica el respeto a los principios democráticos en las interacciones que tienen lugar fuera de Naciones Unidas y del moderno sistema de organizaciones internacionales. Implica diálogos bilaterales en lugar de amenazas bilaterales. Implica la consulta y la coordinación para abordar los problemas que se tienen en común. Implica la cooperación para el desarrollo.


La auto-determinación

El derecho a la autodeterminación de cada pueblo está reconocido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional. Sin embargo, queda bien entendido que la autodeterminación no quiere decir necesariamente secesión o tener categoría de estado. Estructuras políticas pluralistas que permitan mayor autonomía a grupos diferentes puede ser a menudo una forma más adecuada de conseguir la autodeterminación.

Lo esencial es que todo pueblo tenga el derecho a expresarse cultural, política, social y religiosamente, tomando también en cuenta la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A este respecto, las Naciones Unidas parecen estar mejor equipadas para crear un órgano específico que considere el tema de la autodeterminación y que produzca los criterios de acuerdo con los cuales se puedan juzgar las demandas de autodeterminación de acuerdo con criterios objetivos y universalmente aceptables.


Libertad de expresión y de pensamiento

La libertad de expresión y de pensamiento, por necesidad vinculada con la reivindicación de derechos civiles y políticos y con la democracia, está muy restringida en muchos países. En numerosos países los medios de comunicación están bajo control del gobierno o de poderosos monopolios económicos. El pueblo tiene miedo de expresar lo que siente. Los periodistas y también otros ciudadanos son víctimas de persecución y cárcel, e incluso pierden la vida porque se atreven a decir lo que piensan o a escribir la verdad.

A veces la verdad es silenciada por poderosos grupos de presión económicos y por carteles, en los que se encuentra el diabólico poder de los barones de la droga. Pero más frecuentemente, el pretexto para justificar esa restricción es la seguridad nacional o un supuesto sistema de "ley y el orden". Esto no es más que una fachada detrás de la cual se cierne el autoritarismo y la eliminación de las aspiraciones democráticas.


Militarización

La creciente militarización que se observa en numerosos países y el desvío de recursos para esos fines son muy preocupantes. La militarización ha conducido a la destrucción de la sociedad civil, mermado el derecho a la autodeterminación y denegado al pueblo el derecho a su libertad sin temores. A veces la militarización adopta una forma civil, como es el caso con los grupos ciudadanos de vigilantes.

Ha dañado sobre todo a pueblos indígenas y a minorías nacionales, conduciendo a movimientos migratorios forzados. Está vinculada con la violencia contra la mujer, como la esclavitud sexual, la violación y demás crímenes cometidos en la lucha armada. Ha dañado sobre todo a los niños. Sufre la salud de éstos, que padecen trastornos afectivos y desajustes sociales debido a acontecimientos traumatizantes como la detención y la tortura, evacuación, masacre, desaparición y demás violaciones de derechos humanos.

Para tratar este problema efectivamente los países más ricos deberían ejercitar una responsabilidad y una moderación especiales en relación con la exportación de armas. Los códigos de conducta regionales e internacionales deben gobernar la exportación, importación y transferencia de armas. Dichos códigos de conducta deberían prohibir la exportación, importación y transferencia de armas a regímenes que podrían usar dichas armas con propósitos represivos.


Estado de derecho

El estado de derecho debe fundarse en la existencia y autonomía de un sistema judicial que se encargue de impartir justicia a todos los ciudadanos sin discriminación. Los juicios deben ser públicos y los derechos que tiene el individuo deben estar claramente expresados, así como la forma de buscar recurso legal en el supuesto de que se vean atacados. Es preocupante que en muchos países perduren la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Esas costumbres tienen que ser erradicadas.

En numerosos países la policía tortura a sospechosos para hacerlos "confesar". Esta costumbre inhumana la fomentan oficialmente ciertas autoridades por considerar que es un método barato y conveniente para mantener el orden. Esas supuestas "confesiones" sirven posteriormente de "prueba" ante los tribunales.

Las medidas necesarias para contrarrestar esa costumbre tienen que ser preventivas y curativas a la vez. Estas últimas implican el enjuiciamiento de los responsables y la ayuda a las víctimas de la tortura para su rehabilitación.


Abolición de la pena de muerte

Entre los derechos humanos uno de los más fundamentales es el del derecho a la vida de todo individuo. La abolición universal de la pena de muerte contribuye por lo tanto al realce de la dignidad humana y al progresivo desarrollo de los derechos humanos. Por lo tanto nadie debería ser condenado a tal pena o ejecutado. Los Estados deberían abolir la pena de muerte, de acuerdo con los instrumentos de derechos humanos regionales o universales, y ningún Estado que ya la haya abolido debería reinstituírla. Cuando la supresión de la vida forma parte del crimen de genocidio se aplicarán en su totalidad las provisiones de la Convención sobre la Prevención y Castigo del crimen de Genocidio.


Racismo, discriminación racial, antisemitismo, xenofobia y violencia étnica

La discriminación racial se entiende hoy en día como "la distinción, excepción, restricción o preferencia a base de raza, color, descendencia u origen nacional o étnico que tiene por objeto o efecto anular o perjudicar el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en términos de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otro campo de la vida pública". La discriminación racial, sobre todo en sus manifestaciones violentas, es una infracción del código penal y por tanto debe castigarse de la manera prescrita por las leyes. El vocablo "racismo" denota asimismo una mentalidad que desgraciadamente está muy extendida para llamarla aberrante, pero que revela una perversión y una enfermedad psíquica. Según manifiesta la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, "el racismo obstruye el desarrollo de sus víctimas, vicia el pensamiento de quienes lo practican, siembra divisiones internas, impide la cooperación internacional y propicia las tensiones políticas entre los pueblos". La lucha contra el racismo, la discriminación racial y el antisemitismo exige una acción estratégica de amplio alcance, que se extienda desde la adopción de medidas legales y políticas, orientadas sobre todo a la resolución de conflictos y a impulsar la confianza, hasta la de directrices en la enseñanza, educación, cultura e información. Las víctimas de la discriminación racial tienen derecho, colectiva e individualmente, a estar protegidas por medidas efectivas, a tener acceso a recursos legales y, según el caso, a tomar acciones afirmativas en el campo económico, social y político con objeto de remediar la situación a menudo degradante y vergonzosa en la que se encuentran.


Derechos de las minorías

Las víctimas más frecuentes del racismo, la xenofobia y la violencia étnica son las minorías, cuyos derechos requieren una protección especial, sobre todo en el proceso del desarrollo.

Las minorías representan una pequeña parte de la población, tienen un status no dominante y de alguna manera difieren del total de la población. Existen minorías nacionales, étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas e internacionales (tales como los Sinti o los Roma). Estas pueden estar diseminadas o vivir en un grupo relativamente compacto en una región.

Entre las minorías hay una elevada proporción de indigentes rurales, migrantes urbanos y sobre todo mujeres y niños que son a menudo doblemente vulnerables.

La intolerancia hacia las minorías y el rechazo a otorgarles el derecho a ser diferentes son rasgos evidentes hoy en día en la proliferación y comportamiento violento de movimientos religiosos fundamentalistas y de extremistas políticos. Por lo tanto hay que garantizar el respeto a la libertad religiosa y filosófica. Este objetivo puede ser promovido a través de intercambios culturales y enseñanza sobre pueblos de origen diferente, en particular a través de programas de intercambio juvenil y la enseñanza de diferentes religiones y filosofías en escuelas públicas y privadas.

La ampliación y profundización del proceso de democratización tiene una importancia fundamental para los derechos y participación de las minorías y un desarrollo estable. Ello implica una mayor transparencia y la existencia del diálogo en relación a este delicado asunto. Los derechos de las minorías han de ser desarrollados también a través de una nueva legislación internacional. Es necesario crear suficientes normas efectivas sobre legislación internacional para dar al individuo el derecho a reclamar sus derechos como miembro de una minoría.

Un instrumento importante para promover los derechos de las minorías es la participación de éstas por medio de un proceso efectivo de democratización. Por otra parte, se deben asignar fondos para la defensa de la sociedad civil con proyectos de investigación por parte de ONGs, de información y educación en justicia interracial, como también proyectos orientados a capacitar a las comunidades minoritarias vulnerables.


Pueblos indígenas

El mundo alberga a numerosos pueblos indígenas. Estos pueblos tienen una reivindicación fundamental: el hecho de que no son reconocidos como indígenas por los gobiernos y en consecuencia, son denegados el derecho a la autodeterminación.

Lo que se les deniega es su identidad cultural y el derecho a buscar el amparo de los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos. Son víctimas del etnocidio y el genocidio perpetrados por ciertos gobiernos - ya sea del Norte, del Sur, o de ambos actuando de común acuerdo - de instituciones financieras internacionales o de empresas transnacionales. Los instrumentos internacionales vigentes no sirven para garantizar la protección de los derechos humanos colectivos.

En muchas partes del mundo no se les reconoce el derecho a la tierra y otros derechos. En consecuencia, sus tierras son expropiadas y expoliadas, estallan conflictos armados y se produce el éxodo de refugiados. Esas expropiaciones van de la mano con la persecución y la supresión forzada. En un frente diferente, el turismo a veces conduce a la degradación de las costumbres de los pueblos indígenas por medio de la explotación comercial.

Las actividades de las Naciones Unidas que tienen como objetivo el resolver los problemas de los pueblos indígenas deberían ser más contundentes y se deberían acelerar los esfuerzos para elaborar una declaración preliminar sobre los derechos de los pueblos indígenas.


Refugiados y desplazados

El problema de los refugiados y desplazados está muy difundido y se sigue extendiendo en el mundo: se está convirtiendo en un fenómeno permanente. Entran en su composición la represión política, los conflictos armados, la discordia étnica y los desastres naturales.

No se presta la debida atención a su apremiante situación. Factor agravante es la falta de un mecanismo efectivo a nivel nacional e internacional capaz de garantizar que no les falte ayuda ni protección.

La seguridad de los refugiados y desplazados está a menudo en juego debido a una política restrictiva y discriminatoria. El derecho fundamental de los refugiados a no ser forzados a volver a las fronteras del peligro es violado en numerosas ocasiones. El método establecido para determinar la condición de refugiado es a menudo defectuoso y no siempre se garantiza la repatriación de carácter voluntario al país de origen. Los derechos humanos de los refugiados y desplazados, sobre todo la libertad de expresión, se ven violados en nombre de una política nacional restrictiva.

Son contados los países que han accedido a los instrumentos relevantes en materia de refugiados. Ello demuestra cierta resistencia a reconocer las normas internacionales en cuestión de derechos humanos y a que la situación sea más transparente en el ámbito internacional.

Los derechos acordados en la Convención de Ginebra deberían ser cuidadosamente observados por la comunidad internacional y se debería adoptar un grupo de derechos adicionales a la luz de la experiencia reciente, incluyendo a "los refugiados de facto", los desplazados a causa de guerras civiles, resentimientos étnicos o desastres de la naturaleza.

Se hace necesario además tomar medidas que aseguren los derechos fundamentales de un creciente número de emigrantes y sus familias, que se enfrentan a largos períodos de sus vidas en calidad de "ciudadanos invitados" en un país extranjero.


Los derechos de los niños

El maltrato y abuso de los niños continúa: trabajo de menores, servidumbre y esclavitud sexual, prostitución, venta y trata de menores, participación en conflictos armados, encarcelamiento, pobreza y demás privaciones, abuso en el seno de la familia agravado por el rompimiento y disgregación de la familia. Sus necesidades básicas, en materia de salud física y psíquica, nutrición, educación, techo y participación, se ven a menudo insatisfechas. Con la aparición del SIDA la situación apremiante de los niños se ha agravado; la discriminación de menores con SIDA y huérfanos de familias víctimas del SIDA se extiende.

Los derechos de los niños corren peligro en una amplia gama de situaciones. Cuando todavía tienen una tierna edad, se exponen a la violencia que puede tomar una de muchas formas: pobreza, desnutrición, enfermedad y falta de educación, que pueden truncar su desarrollo y despojarles de su niñez.

Esta posibilidad está muy ligada con la discriminación de las niñas, la militarización, y un desarrollo distorsionado. Aunque muchos países han suscrito el Convenio Internacional sobre Derechos del Menor, sus disposiciones no se han aplicado de una manera satisfactoria, observándose más de palabra que disponiendo de medidas efectivas para proteger al menor y ayudar a su familia.


Los derechos humanos de la mujer

En todo el mundo las mujeres siguen siendo discriminadas en lo que se refiere al reconocimiento, disfrute y ejercicio de sus derechos como individuos en la vida pública y privada, y son objeto de muchas formas de violencia. Las violaciones de los derechos humanos de la mujer podrían combatirse con mayor efectividad por medio de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Todo instrumento en torno a los derechos humanos proclama que la discriminación sexual está prohibida. El subdesarrollo, ciertas costumbres sociales, tradicionales, culturales y toda forma de violencia y extremismo ponen obstáculos a la plena realización por parte de la mujer de todos sus derechos. Los derechos humanos son universales y deben aplicarse a hombres y mujeres por igual. Las violaciones de los derechos humanos de la mujer no se han abordado completamente en los mecanismos contemplados por los instrumentos sobre derechos humanos, los medios o recursos en caso de violaciones no son adecuados y el proceso para lograr la igualdad de hecho es demasiado lento.

A pesar de que los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos están ratificados, en algunos Estados siguen vigentes leyes y costumbres que discriminan a las mujeres. Esos Estados se valen de ciertas tradiciones y costumbres para perpetuar la discriminación de la mujer y tolerarla en la esfera privada en contravención de las obligaciones que han asumido por su propia voluntad y de las expectativas de la comunidad internacional. Tal es el caso sobre todo en lo que se refiere al acceso a la tierra y otros recursos económicos, capacidad legal y derechos en el seno de la familia.

La cuestión de los derechos de la mujer no ha estado en evidencia en el discurso, instituciones y praxis de derechos humanos. El patriarcado, que se ejercita a través del sexo, clase, casta y etnia, es un elemento inseparable de los problemas que se plantean a la mujer. El patriarcado debe ser erradicado. Los derechos de la mujer deben ser abordados en la esfera pública tanto como privada de la sociedad, sobre todo en el seno de la familia. Para que la mujer lleve su vida con dignidad y autodeterminación, es fundamental que tenga derechos económicos inalienables y de igualdad (es decir, derecho a la tierra, a la vivienda, a la propiedad y a otros recursos). Es imperativo que los gobiernos y las Naciones Unidas garanticen dichos derechos. Los crímenes perpetrados contra la mujer, como la violación, la esclavitud y tráfico sexuales, y la violencia doméstica están muy extendidos. Los crímenes contra la mujer son crímenes contra la humanidad, y los gobiernos que no enjuician a los responsables de esos crímenes son implícitamente culpables de complicidad.

La mujer indígena sufre el impacto del colonialismo y el racismo, además del sexismo. Por otra parte, las mujeres procedentes de países que fueron colonizados por potencias occidentales mientras viven en Occidente experimentan los efectos de dicha colonización que todavía perduran, por encima de la discriminación y explotación de su sexo. En general, la mujer occidental es objeto de una discriminación sistemática en la esfera laboral, educacional, en el sistema de justicia, en el campo político, en el acceso a un servicio sanitario adecuado. La violencia contra la mujer tiene proporciones epidémicas. Por otra parte, no obstante el hecho de tener su domicilio en países desarrollados, muchas mujeres viven en la pobreza con los consecuentes efectos perjudiciales para su salud, su educación y su autoestima, afectando no sólo a ellas sino que a sus hijos también. En las naciones de Occidente las mujeres viven subordinadas al hombre en las esferas pública y privada. No tienen el mismo poder, condición social, renta, ni seguridad que el hombre, ni son dueñas de su cuerpo ni de sus vidas en el mismo grado que éste.

En todas las regiones se ha descubierto que, por regla general, ni las Naciones Unidas ni los gobiernos nacionales han defendido o impulsado los derechos humanos de la mujer, ya sea en la esfera civil, política, económica, social o cultural. La subordinación de la mujer en todo el mundo debería ser reconocida como una violación de derechos humanos, teniendo en cuenta aquellas estructuras de opresión que se entremezclan y que agravan esa subordinación.


Derechos humanos de lesbianas, gays y bisexuales

Las lesbianas, gays y bisexuales sufren abusos de sus derechos humanos diariamente. Bajo la ley, continúan estando en desigualdad con respecto a los heterosexuales. La homofobia contribuye a la violación de los derechos humanos y consiste en un tipo de comportamiento criminal que debe ser tratado como tal a la hora de tomar medidas legales.

Las lesbianas, gays y bisexuales no disfrutan hoy en día del mismo tratamiento y libertades ante la ley que los heterosexuales. Por ejemplo, la discriminación en el trabajo por razones de orientación sexual es legal en la mayoría de los países (a diferencia de la discriminación por sexo o raza), y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no disfrutan del mismo reconocimiento legal que aquéllas entre personas de distinto sexo en la mayoría de países. La lucha contra la homofobia y la discriminación sexual requiere una amplia estrategia de actuación, desde medidas políticas y legales hasta políticas en las áreas de la enseñanza, educación, cultura e información. Las lesbianas, gays y bisexuales tienen derecho a los mismos derechos humanos que los heterosexuales. Esos derechos deben ser acomodados en la ley a través de la promulgación de legislación que asegure el mismo tratamiento para todos, sin importar la orientación sexual, en todas las áreas de la vida social, económica y política.

 
Los derechos humanos en el siglo XX: el balance deficitario

En resumen, cabe registrar las siguientes preocupaciones principales en torno a las violaciones de derechos humanos:

- la no adopción de instrumentos internacionales para los derechos humanos (así como un excesivo número de "reservas" para con la adhesión a los mismos), y el rechazo a implementarlos a nivel local y nacional;

- la falta de mecanismos intergubernamentales nacionales y regionales para proteger los derechos humanos de forma independiente y accesible;

- la falta de acceso a la información que capacite a las personas a proteger sus derechos humanos;

- la discriminación y la opresión nacional de las minorías y los pueblos indígenas, así como la inadecuada protección de los pueblos tribales;

- medidas gubernamentales que merman el carácter universal e indivisible de los derechos humanos;

- el irrespeto a la ley por parte de autoridades gubernamentales;

- proliferación de conflictos armados a causa de discordias étnicas con peligro para la población civil;

- represión política mediante asesinatos, desapariciones, tortura, especialmente de prisioneros políticos, y supresión de derechos civiles y políticos, incluyendo la autodeterminación, la libertad de expresión y de reunión;

- acoso de personas, incluyendo a trabajadores sanitarios y eclesiásticos que desempeñan funciones humanitarias;

- ataques a los derechos de los trabajadores, en particular los de los trabajadores emigrantes;
- amenazas a comunidades agrarias y rurales;

- refugiados y desplazados crecientemente amenazados, sobre todo por falta de una criba efectiva de refugiados, violaciones de sus derechos humanos, y la amenaza que se cierne sobre su derecho a buscar asilo y seguridad;

- impunidad para los infractores de derechos humanos;

- intolerancia religiosa mezclada con extremismo y otras formas de discriminación basada en la religión;

- numerosas restricciones que tienen que acatar los medios de comunicación;

- no reconocimiento y continua violación de los derechos de la mujer, debido al patriarcado, incluyendo sus derechos económicos y la insuficiencia de los procesos para habilitar a la mujer y lograr la igualdad entre los sexos;

- abuso sexual generalizado;

- discriminación y opresión de las minorías sexuales (por ejemplo: lesbianas, gays y bisexuales);

- infracción de los derechos del menor debido a necesidades económicas y socioculturales, criminalidad, consumismo, discriminación y militarización;

- insuficiente protección de minusválidos, sean éstos físicos o psíquicos;

- falta de servicios y ayuda para los ancianos;

- intensificación del SIDA y explotación a la que conduce;

- violación del derecho a la salud y sistemas de sanidad subdesarrollados que se caracterizan por su distribución desigual y el hecho de que los pobres, que constituyen la mayoría, no tienen acceso a los recursos sanitarios;

- cierre de acceso a los servicios de sanidad para los supervivientes de violaciones de derechos humanos;

- creciente degradación medioambiental y pérdida de recursos naturales.  
Elementos para una Agenda de los Derechos Humanos para el siglo XXI

En 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Universales como "norma común para todos los pueblos y naciones", esas normas no eran consideradas legalmente obligatorias prácticamente por ningún gobierno. En esa fecha ninguna violación de derechos humanos, salvo el genocidio, estaba expresamente prohibida. Casi todos los Estados se amparaban en el artículo 2(7) de la Carta de las Naciones Unidas manteniendo que correspondía al Estado del caso ocuparse de toda cuestión de derechos humanos por ser una cosa interna. Aunque Naciones Unidas instauró una Comisión de Derechos Humanos, su labor estuvo dominada completamente por los gobiernos nacionales, no reconociéndose a los expertos externos ningún papel en absoluto y limitándose el de las ONGs a comparecencias oficiales con fines puntuales. En la práctica, la tarea de la Comisión se vio limitada a la redacción de nuevos tratados y otros instrumentos legales.

Hoy en día, menos de cincuenta años después de la adopción de la Carta de Naciones Unidas, se han registrado considerables avances. Las normas que proclama la Declaración Universal son, en la práctica, aplicables a cualquier Estado, independientemente de la postura oficial que tome en cuanto a su obligatoriedad legal. La opinión de que las violaciones de derechos humanos son fundamentalmente cuestiones internas, aunque se sigue formulando de tiempo en tiempo casi como si se tratara de una costumbre consagrada, tiene poca aceptación en la comunidad internacional. La Declaración Universal ha sido complementada con una enorme serie de normas internacionales, las más importantes de las cuales son los seis tratados centrales de derechos humanos. Además de los seis órganos especializados creados por Naciones Unidas para vigilar la observancia por parte de los Estados de las obligaciones contraídas bajo esos tratados, en Europa, las Américas y África se han firmado pactos regionales sobre derechos humanos y mecanismos para hacerlos cumplir. Las Naciones Unidas ha creado, por otra parte, una compleja serie de mecanismos adicionales encargados de vigilar su observancia.

En resumen, el sistema internacional de derechos humanos se ha extendido de una manera que en 1945 hubiera resultado inconcebible para la mayoría de los observadores. Incluso cuando se celebró la primera Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos todavía no se había constituído ni uno solo de los órganos encargados de vigilar su observancia, prácticamente no existían procedimientos para la investigación de violaciones, ni los Estados tenían que rendir cuentas a menos que grandes violaciones coincidieran con los intereses políticos a corto plazo de los bloques geopolíticos. Dentro de un período de veinticinco años, el sistema de Naciones Unidos ha recorrido un gran camino. Por supuesto, esto no es suficiente, ya que debemos reconocer que quedan enormes deficiencias.

Entre ellas se cuentan las siguientes:

- los órganos de la ONU han pasado por alto numerosas situaciones graves, completamente o durante muchos años;

- los métodos de que disponen los relatores temáticos y nacionales para potenciar o forzar el cese de violaciones particulares son muy reducidos, dejando mucho que desear los procedimientos adoptados;

- las medidas para el seguimiento de esos procedimientos son a menudo inefectivas, por lo que numerosos gobiernos han hecho caso omiso de ellos o han tomado disposiciones puramente simbólicas;

- el sistema de las Naciones Unidas, entendido en términos generales, sigue puntualizando ciertas preocupaciones dentro de una gama estrecha de actividades, no obstante algunos avances decisivos registrados recientemente;

- con relación a ciertos asuntos, se ha avanzado muy poco, como en cuestión de derechos económicos, sociales y culturales, derechos de minorías y de la mujer; y

- los recursos humanos y económicos disponibles para llevar a cabo las diversas decisiones de las Naciones Unidas son lamentablemente insuficientes.

No obstante, a pesar de las numerosas deficiencias que limitan las actividades de las Naciones Unidas dentro del territorio de los derechos humanos, hay motivos de optimismo. La opinión pública internacional y la labor de ONGs nacionales e internacionales son capaces de afectar profundamente las posturas adoptadas por los gobiernos y de crear condiciones en la que los organismos internacionales sean capaces de actuar con más efectividad.

Con miras a impulsar la causa de derechos humanos y libertades fundamentales es necesario hacer un llamamiento a todos los elementos que forman parte del sistema internacional actual, organismos internacionales, gobiernos, ONGs y sociedad civil y plantear las siguientes recomendaciones generales y específicas.  

Recomendaciones generales

- Promover y proteger el carácter universal e indivisible de los derechos humanos mediante:

  • el reconocimiento y garantía de la interdependencia que existe entre los derechos humanos, el desarrollo y la democracia, como proclama la presente declaración;
  • la garantía de los derechos de colectividades, como minorías, pueblos indígenas y los sectores laborales no organizados, como también de los derechos del individuo;
  • la eliminación de las causas fundamentales de las violaciones de derechos humanos - civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

    - Los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, y se debería prestar la misma atención y urgente consideración a la puesta en práctica, promoción y protección tanto de los derechos culturales y socioeconómicos como de los derechos políticos y civiles.

    - Revisar y reformar las leyes, políticas, usos y costumbres que obstaculizan la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos.

    - Asegurarse de que las estrategias para el desarrollo sean sostenibles, justas, populares y estén en armonía con el medio ambiente a objeto de asegurar la equidad y de promover las libertades y la dignidad de todas las mujeres y hombres.

    - Desarrollar unas líneas maestras para evaluar los impactos de los derechos humanos en las políticas, acciones y omisiones de las instituciones de Bretton Woods, y establecer mecanismos adecuados para exigir responsabilidades.

    -
    Oponerse a usos y costumbres socio-culturales y extremismos que restrinjan el ejercicio de los derechos humanos, sobre todo los derechos de la mujer, y en concreto reformar las leyes, normas y usos y costumbres religiosas y culturales que tiendan a negar la existencia autónoma de la mujer, como también tomar medidas, como movilización de la comunidad, educación de masas y desarrollo a largo plazo, con objeto de iniciar y propiciar el proceso de habilitación e igualdad.

    - Levantar - dondequiera se las encuentre - las medidas restrictivas impuestas por las autoridades con el pretexto de la seguridad nacional y el orden público anulando leyes represivas, poniendo fin a las detenciones arbitrarias y poniendo en libertad a todos los prisioneros políticos, liberalizar los sistemas políticos con objeto de democratizar el proceso de toma de decisiones, garantizar la participación popular en todos los niveles de gobierno, y acatar las disposiciones de una buena gobernabilidad.

    - Abordar las causas fundamentales de los conflictos armados.

    - Recortar la compra de armas dedicando esos fondos al desarrollo; no a la exportación de armas a países que violan los derechos humanos.

    - Asegurar que los derechos humanos ocupen un lugar prioritario en la asignación de recursos por parte del Estado, recortando la compra de armas y desviando fondos de la militarización a la promoción y protección de derechos humanos, y reasignando desde otras fuentes de recursos.

    - Detener la venta de ciertas armas y de conocimientos sobre seguridad a las fuerzas policiales o militares que las usarían con objetivos represivos. En particular la enseñanza de técnicas de interrogación que incluyen la tortura, debe ser proscrita.

    - Respetar la labor de las personas que luchan por los derechos humanos, militantes de movimientos sociales y legales, como ONGs, poner fin al acoso, intimidación y demás abusos contra este sector, facilitando, en lugar de obstaculizando, las operaciones de estos agentes de cambio social.

    - Garantizar la autonomía del poder judicial, al tiempo que se salvarguarda la responsabilidad ante el pueblo, ofreciendo remedios adecuados para las violaciones de derechos humanos por medio del sistema judicial y otros métodos, con asistencia legal, poniendo fin a la impunidad de violadores por medio de medidas legales efectivas y otros medios.

    - Promover un programa extenso de formación y educación en materia de derechos humanos, fomentando la concientización y adquisición de información y habilidades. Los métodos participatorios de aprendizaje enriquecen este proceso y contribuyen a impulsar y proteger las normas universales de derechos humanos aplicando la riqueza cultural de la región.

    - Implantar o modificar la legislación nacional.

    - Velar por el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, sobre todo con criterios de igualdad y sin discriminación, y resolver posibles conflictos entre las leyes consuetudinarias de un grupo o un pueblo y las del Estado, de conformidad con el carácter universal de los derechos humanos, reconociendo que son más importantes aquéllos que se conforman con el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    - Proteger los derechos de la mujer, los menores, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, los campesinos, los trabajadores y los grupos marginados.

    - Garantizar la libertad de expresión religiosa y filosófica.

    - Abolir los desahucios forzados para garantizar el derecho humano básico de una vivienda en la cual vivir en paz y dignidad, derecho que es hoy negado activamente a millones de personas por todo el mundo.

    - Desarrollar unas líneas maestras bas