El Comité de la Internacional Socialista para América latina y el Caribe, reunido en Porto Alegre los días 24 y 25 de octubre de 2011, acordó:

Destacar que sus reuniones periódicas han permitido promover el rol de las fuerzas socialistas, socialdemócratas y laboristas en la región y estrechar los lazos de cooperación y fortalecer las relaciones políticas entre los miembros de la Internacional. Recordó, asimismo, que durante los últimos años, y muy especialmente en la última década, la región ha estado particularmente presente en las actividades de la Internacional a nivel global, de lo que da cuenta la realización del XXII Congreso de la organización en Sao Paulo en 2003 y los recientes Consejos de Santiago (2006), Vallarta (2008), Santo Domingo (2009) y el próximo Consejo a celebrarse en enero de 2012 en San José de Costa Rica. América latina y el Caribe, constató el Comité, hacen hoy parte central de la identidad y de la acción del movimiento socialdemócrata a nivel global;

El Comité manifestó el agradecimiento a su partido miembro en Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), por su hospitalidad y calurosa recepción e inició sus trabajos recordando la conmemoración este año del 50° aniversario del Movimiento por la Legalidad liderado por Leonel Brizola, una de las personalidades de mayor significación de las fuerzas socialdemócratas en esta región durante la segunda mitad del siglo XX y fundador del PDT. El Comité señaló que figuras como Brizola en América latina, contribuyeron de modo sustantivo a ampliar las ideas y valores socialdemócratas, transformando a esta región en un pilar del movimiento;

El Comité expresó su preocupación por la lenta recuperación de la economía global tras la crisis financiera desatada en 2008. Sobre este punto, reiteró que los paquetes de ayuda que se han venido implementando para hacer frente a la misma y que han movilizado ingentes cantidades de dinero, deben poner a la gente en el centro de sus objetivos y proteger a las personas antes que concentrarse en el rescate de los bancos y mercados financieros;

En lo que respecta a América latina y el Caribe, el Comité señaló que si bien las economías de la región han sorteado la crisis financiera de mejor manera que las naciones industrializadas, en una economía globalizada e interdependiente no existen países blindados a las contingencias económicas internacionales. Por lo mismo, el Comité subrayó que los países de la región deben mantenerse atentos a posibles cambios en el escenario global en el cual ya se observan señales que podrían incidir en América latina y el Caribe, como la desaceleración de la economía china.

Asimismo, el Comité reiteró que para enfrentar la crisis la región debe reforzar las políticas que promuevan el crecimiento antes que implementar medidas de austeridad fiscal, especialmente si ésta afecta los programas de protección social, las prestaciones en salud, educación, vivienda y otras. Señaló como una prioridad el reforzar políticas que promuevan empleo estable en la región. El Comité mencionó al Brasil como ejemplo de una importante economía emergente que ha mantenido ritmos de crecimiento sostenidos durante los últimos años, implementando al mismo tiempo programas de protección social reconocidos internacionalmente, poniendo en evidencia la importancia de promover políticas de inversión social para fomentar el crecimiento sostenido, justo, inclusivo y sustentable en la región;

En lo que respecta a los movimientos sociales que ha conocido la región y el mundo durante los últimos meses, caracterizados genéricamente como Indignados, el Comité subrayó que éste representa una clara contestación a la especulación financiera internacional y en tal medida su demandas son coincidentes con las de las fuerzas políticas progresistas. El Comité expresa que en la región deben promoverse políticas que fortalezcan y hagan más efectivas las regulaciones de estas actividades financieras y su carga tributaria.

El Comité reiteró que frente a la crisis financiera internacional, es sólo a través de políticas que promuevan mayor igualdad y oportunidades que se asegurará el crecimiento económico.

En lo que respecta al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la seguridad ciudadana frente al crimen trasnacional organizado, la delincuencia y el narcotráfico, el Comité remarcó que la región tiene índices de temor y victimización preocupantes, altas tasas de homicidios, secuestros y otros delitos violentos y una población penitenciaria muy numerosa comparada con otras regiones. Ante la demanda de las personas por vivir en condiciones de mayor seguridad, el Comité expresó que la lucha contra la criminalidad es un requerimiento ciudadano de primer orden y que como tal debe ocupar un lugar relevante en la agenda de las fuerzas políticas socialdemócratas en América latina y el Caribe;

Recordó que la respuesta progresista a la criminalidad se construye desde acciones proactivas y de prevención del delito. En tal sentido, el Comité acordó fomentar políticas que ataquen las causas mismas del delito, las que deben ser una primera preocupación de los partidos de la Internacional Socialista en la región. La marginalidad, la falta de oportunidades, la segregación y la exclusión, están en el origen del delito. Al mismo tiempo, el Comité señaló que las medidas punitivas deben propender a la rehabilitación del delincuente y a su reinserción en la sociedad una vez que éste haya cumplido su condena. En tal sentido, el Comité llamó la atención sobre las preocupantes condiciones carcelarias en la región, el hacinamiento y el hecho de constituir la prisión en muchos casos un nuevo factor de criminalidad. En cuanto a la acción de las normas penales y de las instituciones judiciales encargadas de aplicarlas, el Comité relevó la necesidad de contar con leyes disuasivas y con un sistema que intervenga de modo oportuno y eficiente, garantizando procesos judiciales con respeto de los derechos de los imputados;

Asimismo, el Comité reflexionó sobre el impacto que ha alcanzado el crimen trasnacional organizado, y muy especialmente el narcotráfico, durante los últimos años en la región y el desafío que estas actividades ilícitas representan para la institucionalidad democrática de la misma. Una política de seguridad pública progresista debe dar respuesta a estos desafíos más allá de fronteras nacionales, fomentando la colaboración internacional en materia de prevención y castigo de estas verdaderas trasnacionales del crimen. En materia de droga, una acción eficiente de prevención y combate involucra a países productores, de tránsito y consumidores finales. Es indispensable una acción coordinada, conjunta y multilateral para abordar el desafío del crimen trasnacional en su plenitud, dando especial importancia a la lucha contra la corrupción en órganos públicos y al concurso privado que se entrega a estas actividades ilícitas al blanquear las ganancias ingentes proveniente del mismo, destacó el Comité.

El Comité, después de discutir la salud reproductiva y el derecho de la mujer a decidir libremente con respecto a su cuerpo, insta a los partidos miembros de la región a continuar la discusión para la elaboración de políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, que otorguen el acceso a una salud integral y que proteja la vida tanto de las mujeres como de la juventud en general.

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