América Latina y el Caribe
Reunión del Comité de la IS para América Latinay el Caribe, Buenos Aires
11-12 de junio de 2001
HACIA LA PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA
En sus dos documentos aprobados en la reunión de Jamaica, el Comité de la Internacional Socialista para América Latina se ocupó de la necesidad de promover la solidaridad en el cambio global y del compromiso socialdemócrata para defender la democracia.
En la presente reunión ha querido considerar el tema de la profundización de la democracia, a través del análisis de políticas y estrategias comunes para asegurar una sociedad de oportunidades para todos que garantice la paz y la seguridad. Ellas están vinculadas a los temas que vamos a considerar de inmediato.
EL ESTADO
Dos premisas definen la posibilidad de ser un Estado: la autodeterminación en el orden internacional y su autonomía en el campo interno que permita el ejercicio pleno de la capacidad de decidir sobre las prioridades nacionales y sobre las políticas y estrategias para su realización. Este es el sentido contemporáneo de la soberanía nacional.
No es solamente un aparato de gobierno: engloba el conjunto del campo institucional, es decir a las propias instituciones que lo estructuran y tienen el poder de decidir en su nombre, principal o secundariamente, y a la colectividad gobernada, porque el poder y la sociedad son indisolubles.
Históricamente, la aceptación del Estado fue ganando un consenso muy generalizado: lo rechazaba el anarquismo radical, pero incluso distintas concepciones marxistas admitieron las posibilidades que brindaba para las reivindicaciones populares, aun cuando se repudiaba la contradicción entre la proclamación de principios vinculados a la libertad y la justicia y la explotación inhumana en las concepciones económicas.
Por supuesto, hubo alertas sobre la dominación del Estado por la burocracia, la necesidad de fortalecer al Parlamento como única forma de lograr su control y acerca de la necesidad de evitar que la clase burguesa absorbiera toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico, deformando así la función estatal para justificar y mantener su dominio mediante la aceptación de sus tesis por parte de los grupos subordinados.
Actualmente, pareciera que los "grupos subordinados", enfrentan un nuevo proceso en el que los "grupos dominantes" ya no se preocupan por obtener ciertos equilibrios que hicieran tolerable su hegemonía, sino que procuran, en las tesis de moda, debilitar al Estado hasta el punto de convertirlo en gerente de sus propios intereses y lograr que deserte del cumplimiento de sus misiones esenciales.
A dos décadas del inicio del generalizado proceso de restauración democrática en América latina, encontramos hoy a la región sumida en complejos problemas que, lejos de resolverse, se están acentuando preocupantemente. El principal es el de la marginación y la pobreza: millones de hombres, mujeres y niños viven en un estado de miseria que los empuja cada vez más afuera del sistema y los transforma en una masa humana privada de los más elementales derechos que debe ofrecer la democracia.
Las conquistas sociales que permitieron dignificar el trabajo humano y otorgaron a los ciudadanos la posibilidad de vivir de su tarea y, a la vez, sentirse miembros de un proyecto nacional con un futuro previsible, han sido avasalladas en distintos países del continente bajo la consigna de "un Estado mínimo". Así, el Estado -que efectivamente era ineficiente- se ha convertido en un Estado irresponsable. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos y con los chicos. Enflaquecido por el neoliberalismo, el Estado ha quedado a merced de poderes fácticos que le imponen sus condiciones sectoriales y que terminan devorándolo. Si antes era un Estado obeso, ahora es un Estado indefenso.
El fundamento ideológico del neoliberalismo es que éste es un paso necesario para alcanzar el crecimiento económico y finalmente el bienestar general. Como si se tratara de leyes económicas naturales, inamovibles, que no se pueden modificar.
Pero someter el presente o el futuro previsible a fines tan distantes como improbables, conduce inevitablemente a formas crueles de sacrificio humano que más tarde o más temprano van a terminar con la paz social. Una sociedad está constituida por eslabones de solidaridad, integración, creatividad, pluralismo, conocimiento y otros valores que no pueden ser vulnerados sin correr el grave riesgo de la desintegración social, que no es otra cosa que la pérdida de pertenencia a una sociedad, a su cultura, y a su propio tiempo.
Hace también a una concepción ética convenir en que el Estado debe proteger al individuo contra la coacción del poder económico y a la sociedad contra la coacción de las masas si su accionar supera la legalidad. Es la protección frente a los fundamentalismos, frente a los extremismos, frente a los populismos.
El "Estado mínimo" fue presentado en sociedad como un ejemplo de eficiencia, antiburocratismo y progreso, el fundamentalismo economicista eliminó de un plumazo aquellos derechos y dejó inermes a millones de personas que sólo aspiraban a vivir con dignidad, vale decir, a alimentarse, a educarse, a tener una vivienda y garantía para su salud. El bien común, como valor intrínseco de la democracia, fue abatido por un dios pagano que se llama mercado salvaje, que nada hace por la solución de los problemas sociales y sólo por casualidad acierta en las decisiones correctas para el desarrollo.
Hay que reconstruir el Estado, para que esté en condiciones de cumplir sus fines y dar respuesta a los problemas más agudos que se presentan a nuestras sociedades. Recuperada la garantía del respeto a los derechos humanos de la primera generación hay que centrar la atención en los de la segunda: alimentación y salud para todos y educación, sin la cual es imposible pensar en el futuro porque desempeña un papel central en la construcción de una sociedad democrática, solidaria y moderna. De ella depende, de manera principal, el desarrollo de una cultura democrática, y secundariamente, la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los crecientes desafíos de los cambiantes y cada vez más complejos sistemas de producción. Se trata, en consecuencia, de educar para la libertad y de educar para el cambio. De ayudar a formar seres libres y responsables y además capaces de asumir las nuevas formas de trabajo y convivencia que impone nuestro tiempo.
Hay que comprender que estos dos objetivos se vinculan y no pueden ser encarados separadamente. La democracia como cultura y como orden institucional, necesita asegurar su propia continuidad asentándose sobre bases de desarrollo y de progreso. Estas bases, por su parte, sólo pueden construirse auténticamente en un régimen de libertad que garantice vastos márgenes a la innovación y a la creatividad individuales.
Por eso, los autoritarismos, aun aquellos que pretenden conducir procesos de cambio, terminan por inhibir el desarrollo de aptitudes requeridas por la constante evolución del mundo.
Otro tema que nos preocupa centralmente es el de la gobernabilidad. Existe una forma de entenderla, restringida y sesgada, que la limita al control de los reclamos económicos y sociales frente a demandas que son consideradas incumplibles. Para esta perspectiva, que se expresa tanto en la política como en el campo académico o cultural, el disenso resulta una amenaza. Algo que debe ser suprimido. Se impone así una política de confrontación.
Curiosamente, esta concepción estrecha del Estado, pretendido guardián de la disciplina y de una falaz armonía social, basada en falsos consensos que destruyen convicciones e ideales, ha prohijado y contribuido a generar los más abultados y gravosos desequilibrios en nuestras estructuras sociales, productivas e, incluso, nuestras integridades nacionales.
Los ciudadanos son los verdaderos sujetos protagónicos de la gobernabilidad. Sin ciudadanía en plenitud de sus derechos no hay gobernabilidad perdurable. Esto es lo que no entienden o no aceptan los fundamentalistas de los mercados, algunos consultores o tecnócratas. Los ciudadanos, en tanto usuarios, consumidores, productores, trabajadores, empresarios, profesionales, no pueden permanecer ajenos a decisiones que originan consecuencias significativas sobre la calidad de sus vidas y sobre el funcionamiento, las metas y los valores de la sociedad.
La eventual ingobernabilidad deriva del intento de mantener a grandes capas de la población al margen de la toma de decisiones y sus consecuencias prácticas y cotidianas. Los ciudadanos se vuelven "ingobernables" cuando se sienten instrumentos pasivos de decisiones que adoptan otros, cuando las dirigencias de cualquier clase se les oponen como élites cerradas, cuando son convertidos en "masa".
Para el pensamiento neoconservador un sistema es ingobernable cuando debe soportar demasiada demanda. Se lo ha ejemplificado con la búsqueda de la participación y de la igualdad de oportunidades, dos claros componentes de la democracia según nuestro concepto. Para los sectores progresistas en cambio, la gobernabilidad está vinculada a la posibilidad real de concretar sus programas priorizando la ética y la política sobre la economía y poder concretar al mismo tiempo la libertad y la igualdad.
Desde otro punto de vista, hay dos problemas de gobernabilidad que están generalmente muy estrechamente relacionados entre sí. Uno se resuelve si la política puede ser más fuerte que los lobbys empresarios y somos capaces de contener demandas imposibles de cumplimentar en el corto plazo aunque sean legítimamente anheladas.
El derecho a las libertades individuales se relativiza si dejamos de preocuparnos por la igualdad. Igualdad política que supone distribución económica y distribución del conocimiento. No es posible separar la libertad de la igualdad. El error de las teorías neoliberales está en pensar que sí lo es. No sólo no ven la necesidad de procurar las condiciones para que el derecho a la libertad sea, en efecto, un derecho igual para todos, sino que creen que no cabe querer ambos ideales al mismo tiempo porque se destruyen el uno al otro. Sin embargo, sabemos bien -y lo sabemos porque no deja de recordárnoslo la realidad-, que no basta proclamar y asegurar constitucionalmente y con leyes positivas, la libertad civil y política de los ciudadanos.
Deben impulsarse reformas institucionales que faciliten el logro de consensos suficientes para garantizar la convivencia, que sobre todo establezcan los límites a la igualdad que están dispuestos a tolerarse porque no lesionan la dignidad humana y porque expresan un rumbo hacia la igualdad de poder político. Constituyen de por sí un programa, o si se quiere, determinan una agenda política a través de la permanente búsqueda de su cabal cumplimiento.
Como garante del adecuado funcionamiento de las reglas del juego democráticas y como canalizador y promotor de la participación de los ciudadanos, el papel del Estado es fundamental, particularmente en una etapa de consolidación democrática como las que viven nuestras sociedades.
LOS PARTIDOS POLITICOS
Por centurias, el grave problema que a los demócratas restaba resolver era el de la dimensión: encontrar la forma de aplicar la teoría a la escala de una gran nación. De esta búsqueda surgió la representación política.
Demás está decir que el sistema de representación no impide la existencia de formas directas de participación, en el caso de problemas que no se resuelven a través de aquella, o, por su importancia, reclaman un pronunciamiento general.
Se ha advertido correctamente el peligro de la representación, cuando ésta se convierte en un sistema de pactos con poderes económicos. También es cierto que actualmente algunos plantean, influidos por las ideas neoconservadoras, la necesidad de votar personas, individualmente consideradas, y no partidos o programas.
El sistema de partidos debe responder de manera más genuina y fecunda a las transformaciones culturales y las demandas sociales.
Se hace indispensable comprender que los partidos políticos deben ser parte de un todo y no compartimentos estancos en los que el diálogo propio de la acción política sea inviable. Debe entenderse definitivamente que la política es diálogo. Si así no fuera, sería violencia.
El actual proceso de decadencia ha sido acompañado por un deterioro de los instrumentos de representación. Las sociedades manifiestan hoy un creciente malestar hacia la política y los partidos políticos, que no son vistos como herramientas que puedan expresar sus intereses y sus demandas. La desconfianza hacia los políticos se produjo por el desencanto propio de crisis prolongadas, pero también por escándalos de corrupción.
La democracia exige "moral interna de derecho", que requiere generalidad, publicidad y claridad de éste, y congruencia entre la acción oficial y los contenidos de las reglas. Esta congruencia puede verse afectada, entre otras causas, por el soborno, el prejuicio y la tendencia al poder personal. Una organización política en la que los agentes del poder, aunque elegidos por el pueblo, lo ejerzan para medrar y no para servir, donde reine la corrupción y el peculado, y actúen según intereses no
institucionales, no es una democracia en el sentido aquí expresado y actúa poderosamente en contra del desarrollo.
La democracia tiene que ser un sistema que no se autodestruya ni incite o invite a su destrucción, a partir de la exhibición permanente de carencias o vicios que aumenten sus debilidades y erosionen la credibilidad de los dirigentes. Antes bien, a cada flaqueza o deformación grave en las conductas y los procedimientos debe seguir el mecanismo correctivo que sólo el Estado de Derecho provee.
Por otra parte, cada vez son más numerosos los grupos ostensiblemente antidemocráticos que afirman que los técnicos deben abandonar su papel de simples asesores de los políticos, y resueltamente determinar independientemente la agenda y las resoluciones del Estado, porque resulta inconveniente y hasta inaguantable una subordinación hacia quienes no tienen los suficientes conocimientos en aspectos cada vez más complejos de la realidad.
Se ha criticado los acuerdos entre distintos partidos políticos que, se dice, pueden diluir los principios de cada uno y concluir en definiciones ambiguas.
El problema, tiene características distintas: los acuerdos interpartidarios comienzan a hacerse necesarios, para adquirir la eficacia imprescindible a fin de defender los componentes democráticos de la institucionalidad, sobrepasados por la influencia de los sectores económicos más importantes y por los medios de difusión que se ponen a su servicio.
Debe quedar claro que el sistema de representación no excluye formas de democracia directa, ni puede procurar la búsqueda de consensos que destruyan proyectos políticos fundamentales. No hay sociedad democrática sin disenso.
El ejercicio de la democracia debe superar los niveles más restringidos de la decisión gubernamental, para alcanzar los de la vida cotidiana, en una búsqueda común de solidaridad, racionalidad, y creatividad a fin de resolver las distintas urgencias que enfrentamos. Las decisiones deben ser asumidas como resultantes de consultas que se articulan desde los niveles más elementales hasta los más complejos a través de una cadena ininterrumpida de discusión y control ciudadano.
De tal modo, la sociedad democrática no puede ser una sociedad anárquica ni caótica. Es, por el contrario, la única funcional a la preservación de los valores básicos que ha instaurado y la única que evitará los riesgos de la ingobernabilidad.
Es la sociedad que rechaza las negativas irreductibles, repudia las oposiciones destructivas, supera viejas antinomias en el espacio común de "lo público". Allí donde la actividad privada se puede desenvolver con confianza y expectativas favorables y los sectores y grupos sociales relegados pueden aspirar a mejorar su situación y acceder a oportunidades de progreso.
Otro principio que debe afirmar la política es el de la inclusión. No es posible la democracia sin un control ejercido por los actores sociales sobre el poder político, con la misma libertad.
La exclusión, generalmente originada por problemas vinculados a la pobreza extrema, es peor que el ostracismo político y demoledora de la autoestima.
Para evitarla se requiere una ampliación del concepto de ciudadanía originado en un cambio drástico de las medidas relacionadas con la acción en procura de concretar la justicia social.
Pero hay otras formas más sutiles de exclusión, que no obedecen a las consecuencias de la pobreza, sino a la pérdida de marcos de referencia, que puede llevarnos a una desorientación extrema y a una crisis moral. El estrechamiento del ámbito político, o la creencia en su inutilidad, porque se pretende que el mercado resuelva todo; la creciente complejidad de la sociedad que elimina el debate público porque los criterios de decisión pasarían a ser técnicos, degradan a las libertades democráticas, porque ya no serían útiles para tratar problemas sociales agudos.
Si la política se limitara a la administración, en vez de procurar resolver los problemas del presente y discutir el futuro, la democracia tendería a desaparecer debido a la carencia del diálogo y a la inexistencia de control sobre el poder, ya que los asuntos complejos serían resueltos por los técnicos sin debate alguno, mientras los ciudadanos se ocuparían de sus asuntos privados, sin noción de pertenencia y responsabilidad, sin sentirse ligados a una cultura y a una historia.
Sabemos que no hay empresa nacional sin pueblo, pero también que no hay pueblo sin personas conscientes de que su vida cotidiana forma parte de la vida de la comunidad.
Aquí es preciso rescatar la idea de pluralismo, entendida, no sólo como uno de los valores fundadores de la democracia, sino también como mecanismo de funcionamiento político o, más precisamente, como un procedimiento para la adopción de decisiones, que supone asumir como legítimos el disenso y el conflicto. La reivindicación del disenso, sin embargo, no nos debe llevar a una suerte de neoanarquismo ingenuo que rehabilite al conflicto permanente y descontrolado como una presunta virtud democrática.
El ejercicio responsable de las divergencias y las oposiciones supone un consenso básico entre los actores sociales, esto es, la aceptación de un sistema de reglas de juego compartidas. El disenso democrático implica, pues, como condición de su ejercicio, un orden democrático.
Pero este orden democrático no debe ser concebido exclusivamente como un límite a las iniciativas de los actores políticos individuales y colectivos. Por el contrario, dicho orden debe definir las modalidades legítimas positivas de la participación política. O, si se quiere, promover e instaurar una relación de reciprocidad en virtud de la cual los actores, al tiempo que se avienen a compartir un sistema normativo común, adquieren el derecho y asumen el deber de intervenir activamente en la adopción de las decisiones políticas.
La democracia participativa, la ética solidaria y la modernización de las estructuras sociales constituye una base sólida para un proyecto que pueden adoptar mancomunadamente sectores políticos y sociales diferentes.
Este es el camino y éstos los principios que nos permitirán escapar de las asechanzas de las retóricas reaccionarias y la polarización social y avanzar hacia la verdadera modernización de nuestras estructuras y el aprovechamiento de nuestros recursos para el desarrollo, la autonomía y la integración.
Las respuestas de participación deben estar necesariamente entrelazadas con la vida cotidiana y los intereses más vitales de cada persona. Deben estar orientadas a sus aspiraciones más importantes y vinculadas con la satisfacción de necesidades concretas de modo que cada hombre y mujer -y particularmente los y las jóvenes- se sienta hacedor de su propia vida y constructor de la nueva sociedad.
El concepto de esta democracia participativa que hay que impulsar representa una extensión e intensificación del concepto moderno de democracia, y no se contrapone en modo alguno al de democracia formal. Toda democracia es formal, en tanto implica normas y reglas para contener, delimitar y organizar la actividad política y el funcionamiento de las instituciones del Estado y de la sociedad. Y toda democracia, por definición, implica también la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. De lo que se trata, entonces, es de ampliar las estructuras participativas y dar canales de expresión adecuados a los partidos políticos, las organizaciones sociales, los municipios, las instituciones barriales y vecinales. Estamos convencidos de que cuanto más una persona participa junto a otras en la acción, con miras a ciertos fines colectivos, tanto más cobra conciencia de esos fines y se siente entonces más impulsada a trabajar mancomunadamente para alcanzarlos.
Se hace necesario, en consecuencia, partidos políticos leales a la democracia, ya sea que gobiernen o se encuentren en la oposición. Y también, capaces de hacerse asesorar por técnicos especialistas en las diversas materias que los convocan al estudio, pero jamás dejarse suplantar, o como se dice vulgarmente "escabullir el bulto" ante una cuestión difícil, delegando la decisión. Esto es cobardía, y nada hace en defensa de la democracia.
LA INTEGRACION REGIONAL
Debemos asumir que el proceso de globalización es irreversible y que debe ser incorporado con inteligencia en la política de nuestras naciones. La globalización se convertirá en un instrumento positivo y progresista en la medida en que se transforme en solidaria y esa internacionalización económica, política, social, jurídica y cultural, esté principalmente orientada a lograr el bienestar de los humildes. Decir globalización será entonces decir sin mentir, interdependencia entre los pueblos, corresponsabilidad en la función de gobernar con equidad social, oponiendo un frente común a la injusticia, revalorizando a la política y a los partidos políticos como instrumentos de poder ciudadano ante la arrogancia de los mercados y los tecnócratas. Será instalar, frente a la globalización hegemónica, una globalización equitativa, integradora y responsable, respetuosa de las identidades nacionales, de su cultura y de sus intereses políticos y económicos.
Pero si los pueblos vieran ahora que los cambios que se producen no engrandecen la libertad y la dignidad, sino que fomentan la codicia e instalan la injusticia, otra vez el mundo se sacudirá en el dolor y la sangre.
La lógica del poder en el mundo del futuro no perdonará a quienes abdiquen de la voluntad de autodeterminarse. La dependencia traerá consigo los males que afectan a los marginados de la Tierra: el hambre, la ignorancia, el autoritarismo.
El desafío de compatibilizar el crecimiento económico con la búsqueda de bienestar social es el desafío de todos los gobiernos latinoamericanos y del Caribe. En la medida en que este objetivo -que es alcanzable, mal que les pese a los escépticos- se lleve a cabo conjuntamente, no habrá poder financiero que pueda impedirlo. Afianzamiento de la democracia, revalorización de la política, alianza entre las naciones para fortalecer nuestra identidad latinoamericana, son los principales ejes de una estrategia común.
En cada uno de nuestros países debemos concretar una nueva situación de auténtica cohesión nacional con fuerte vocación integradora de la región, y consolidando bloques con intereses comunes que promuevan una integración latinoamericana subregional y regional en lo político, cultural y económico, y así potenciar las posibilidades de nuestras naciones para enfrentar los desafíos de la actual globalización. Así impulsaremos una versión solidaria de la globalización, diametralmente opuesta a la existente.
Aunque hay que reconocer que en gran medida esto dependerá de los posibles cursos del devenir mundial. Hay desde luego muy diversas ideas al respecto. Vamos a referirnos a unas pocas. Por un lado tenemos al unipolarismo, que proviene de la llamada escuela realista de las relaciones internacionales: "la paz, como ausencia de guerra sólo puede ser garantizada por un Estado hegemónico". Compara la "pax americana" con el imperio romano. Por otro lado, a las tesis de los institucionalistas, que es la única compatible con la de la globalización solidaria, y sostiene la viabilidad de los modelos de cooperación, la necesidad de repensar los organismos internacionales, la impracticabilidad del aislacionismo, así como asegurar la habitabilidad del planeta, promover la seguridad internacional, coadyuvar al crecimiento de la economía mundial y expandir la democracia en el mundo. Hay otras tesis sombrías, aunque no impensables: se ha pronosticado una marcha hacia un mundo sin centro, sin ninguna autoridad ni orden, el mundo de las mafias, y el tiempo de las sociedades grises, mezcla de oficial y clandestino. Hay también quienes visualizan un mundo sin sistema y sin estructura, cuya característica será el desorden, porque el capitalismo ha dejado de tener el desafío de autorreformarse. Otros criterios señalan que ya no se pretende justificar la desigualdad, sino defenderla. En fin, también, la permanente tesis conservadora de que cualquier acción tendiente a buscar la igualdad, atenta contra la libertad.
EL CAPITAL SOCIAL
Es en la cultura, que da sentido y contenido a las instituciones y al desarrollo, entendido como crecimiento económico y afirmación de la justicia social, donde hay que cimentar la democracia. Es la cultura la que define la orientación ética de la sociedad, de acuerdo a sus juicios valóricos.
La cultura, y consecuentemente la ética, se consustancian asimismo con lo que recientemente se ha denominado el capital social de una sociedad y que ha comenzado a tenerse en cuenta como factor del desarrollo. Lo define, lo destruye o lo impulsa, según tienda o no a generar actitudes de confianza, comprensión de lo público, comportamientos altruistas, respeto a la legalidad, rechazo del contraste de ingresos y riqueza, procure igualdad de oportunidades, cohesión social evidenciada en comportamientos privados y públicos, individuales y colectivos, estimule con vigor la solidaridad, entre otros componentes. Para engrandecerlo, se requiere la actividad conjunta del Estado y de la sociedad.
Es entonces a través de la cultura, que además da sentido y contenido a las instituciones y al desarrollo, entendido como crecimiento económico y afirmación de la justicia social, donde hay que cimentar la democracia.
Creo que desde esta valoración ética, se puede incorporar a la concepción del capital social al llamado tercer sector de la economía, particularmente en tiempos en que la tecnología desplaza del trabajo al hombre. Mencionemos al cooperativismo; al mutualismo y por extensión a las organizaciones no gubernamentales que procuran concretar diversos objetivos generalmente exclusivos a través de una decidida voluntad asociacionista con auténtica vocación de servicio, complementando o exigiendo determinadas acciones por parte del Estado o los partidos políticos.
Siempre se han considerados importantes factores de desarrollo al capital y a las riquezas naturales. Se le sumó otro con profundas connotaciones éticas y no siempre tenido en cuenta por quienes plantean el crecimiento, sin otras consideraciones, de la economía. Se trata del llamado capital humano, es decir, en términos no económicos de la necesidad de contar con un pueblo que goce adecuadamente de la dignidad garantizada principalmente por la alimentación, la salud y la educación.
Recientemente se ha incorporado al capital social, cuya construcción es tarea primordial de la política, que ha comenzado incluso a medirse econométricamente. Es claro que esta idea es resistida por los que insisten en acotar el campo de la política, limitándolo a una competencia superficial por el voto del pueblo. Para los que creemos que ella es, al menos antes que nada, deliberación, la objeción se presenta como absurda. La sociedad apolítica no sería una deformación producto de la extensión de actitudes anómicas y egoístas, sino un valioso objetivo a concretar. Hasta la elemental noción de orden público podría desaparecer. Si la educación, o la salud, o la comunicación, como algunos pretenden, se marginan de la política, alguien interesado llenará el vacío. Tal como sucede con la planificación, que tanto revuelo provoca entre quienes lo que en realidad quieren es separar al Estado absolutamente de la economía con el propósito de planificar a su exclusivo servicio. Así desaparece la sociedad y se limita, o desaparece también el consenso, relegado a acuerdos mínimos y temporarios, en una sociedad infantilmente satisfecha y por ende resignada, sin horizontes, ni grandeza, ni proyectos.
Por ser abierta, la democracia tiende a producir resultados éticamente aceptables en una sociedad estructurada sobre una idea consensuada de lo justo y facilita el control del programa de gobierno por parte del pueblo, que es el mejor juez de su propia idoneidad y de sus propias limitaciones. Afirmar lo contrario equivaldría a sostener que muchos temas deben quedar fuera de su competencia, generando una delegación permanente. En última instancia, el desarrollo sería la consecuencia de la injerencia.
Esto no quiere decir que la creciente diversidad no incremente el disenso, realidad que, sin embargo, no obstaculiza la presencia de consensos sustanciales e indispensables para superar antagonismos irreductibles y afianzar solidaridades en busca del bien común.
Aunque no excluye una cierta jerarquía funcional, el fundamento ético del Estado debe orientarse siempre a servir al hombre en la lucha que le impone su propia naturaleza: su perfeccionamiento constante a través de los tiempos y la permanente búsqueda de la igualdad a nivel universal, para que cada uno, en el lugar en que se halle, en el tiempo en que viva, pueda obtener aquello que siente que le falta para ser reconocido en su esencial dignidad humana.
Como el interés de cada ciudadano se vincula y en definitiva depende del interés general, los ciudadanos deben contar con la oportunidad de conocer igualitariamente las cuestiones a discutir. El principio de igualdad rechaza toda práctica tendiente a la desinformación y a la manipulación que siempre inciden tramposamente en la toma de decisiones.
Resulta imprescindible emprender la tarea de asegurar el Estado de Derecho y dar contenido concreto a la igualdad de oportunidades, es decir, poner en marcha una sociedad de progreso en la que el crecimiento del conjunto sea sentido como una condición para el progreso de cada uno.
Es necesario trabajar para lograr una distribución equitativa y justa de la capacidad de influir en las decisiones públicas, contra la que conspiran la concentración del poder económico, la extranjerización de la economía, la deuda externa, los déficit de la cuenta corriente, una distribución desigual de la educación y de la capacitación, una creciente vulnerabilidad externa y todo tipo de corrupción.
Se trata de resolver estos desafíos de manera honesta, consistente y progresista, en sintonía con los objetivos de una democracia sin menoscabo ni restricciones espurias, y de hacerlo atendiendo a una economía que necesita ordenarse y crecer para asegurar sus bases mínimas de sustentabilidad, apoyada en la armonía, la justicia y la eficiencia.
No dudamos que frente al fracaso y al estancamiento, para lograr la profundización de la democracia tenemos que proponernos el camino de la modernización. Pero no lo podemos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética.
Combinar la dimensión de la modernización con el reclamo ético, dentro del proceso de construcción de una democracia estable, implica la articulación de una serie de valores que se redefinen en su interacción, puesto que la modernización es calificada por sus contenidos éticos y la ética lo es por el proceso de modernización.
NO ACEPTAR LO PROBABLE COMO INELUDIBLE
Hace ya muchos años Erich Fromm señalaba que la confusión entre los conceptos "probable" y "posible" definía en lo individual una actitud paranoica y señalaba que esta anomalía también constituía una enfermedad política que calificaba de la misma manera.
Sin pretender efectuar una definición, que como bien sabemos todas son peligrosas, la tesis que sostenemos es que un concepto fundamental al que debe atenerse el político progresista, es no considerar a lo probable como inevitable.
En otras palabras, no suponer jamás que lo malo que "parece que se viene", es forzosamente ineludible y saber que la lucha que podemos emprender para evitarlo, en necesariamente inexcusable, por lo que hay que huir obligatoriamente del pesimismo culposo del ¿para qué?
En los tiempos que vivimos se hacen cada vez más probable problemas que nos van atando a una concepción del "discurso único".
Es probable que la antipolítica derrote, o encierre, o debilite a la política y al propio sistema democrático representativo, logrando que grupos concentrados de poder económico impongan permanentemente sus criterios sobre gobiernos inermes, desprovistos de los instrumentos y apoyos necesarios para enfrentarlos.
Es probable que el mundo sufra un retroceso desde la democracia con sus libertades positivas consagradas por derechos sociales que hacen a la dignidad del hombre, hacia las libertades negativas de la República, sobre las que aquélla se construyó.
Es probable que la antigua frase "sociedad civil", distorsionada en su utilización por el neoliberalismo, pretenda ir más allá de la creación de redes que complementen la actividad del Estado y la política a través de formas diversas de economía social y asociacionismo, como cooperativas, mutuales y organizaciones no gubernamentales, para expresar la necesidad del Estado mínimo y la expansión absurda de zonas "preservadas" de la actividad política.
Es probable que se pierda la batalla cultural frente a los que en nombre de la libertad o la defensa de la privacidad, sostienen que contra ellas atenta la búsqueda de la igualdad y así impulsan la sociedad del egoísmo e impulsan la aparición de demagogos y mesiánicos.
Es probable que frente a situaciones insuperables, se produzcan generalizaciones que atribuyan a la política (con un descrédito que suele llegar al 80por ciento) y a los políticos, a veces culpables de inconductas inadmisibles, todos los males que aquejan a una sociedad de la que, sin embargo, son su expresión.
Es probable que ante estos hechos, la exclusión de vastos sectores sociales y la manipulación mediática, disminuya a límites peligrosos la voluntad de participación, indispensable para el funcionamiento de la democracia formal y de la democracia sustancial, abriendo el camino a los que insisten en confundirla con el mercado libre.
Es probable que sigamos sufriendo los efectos negativos de una globalización insolidaria que empalidecen los positivos y se generen procesos de agudización de la dependencia por una parte y por la otra nacionalismos de campanario y localismos anacrónicos.
Es probable que sigamos en el camino de la pérdida del capital social, caracterizado por la pérdida de la confianza mutua, de la solidaridad, de una correcta concepción de lo público, del compromiso, de la equidad, y el avance del contraste social y de las actitudes anómicas.
¿Puede la política progresista aceptar como ineludibles estos rumbos probables y tantísimos más, como ineludibles? Por supuesto que no. Precisamente por eso, debemos comprender que nuestro deber no se agota con respuestas cabales frente a diversos episodios definidos por una agenda que casi nunca determinamos. La necesidad es inmensamente mayor y no puede limitarse a tomar posiciones correctas frente a hechos aislados. Debemos profundizar nuestras convicciones, si se quiere a través de un esfuerzo filosófico que defina lineamientos claros que superen la coyuntura y nos diferencien de una derecha "compasiva", a la que de una vez por todas hay que ponerla a la defensiva con argumentos que la superen, más que con lamentaciones inconducentes o desdibujando nuestra contradicción.
Debemos ganar la batalla cultural, es decir, la batalla ética. Hay que derrotar a la antipolítica. Cada vez con más fuerza se nos quiere hacer creer que la política es innecesaria y hasta inconveniente, que cada uno, sin interferencias del Estado en el mercado pueden obtener lo que a través de su esfuerzo, se merece. Que hay que terminar con los que se aprovechan del esfuerzo de los exitosos a través de distintos planes de ayuda social que generalmente amparan la desidia de quienes no aceptan
su propia responsabilidad en la construcción de su futuro. Hay que responder con indignación que por ese camino vamos a la desintegración social y consecuentemente a la injusticia irremediable.
Pero además, es necesario aceptar el desafío argumental. Coincidamos en que en ocasiones una ayuda indiscriminada puede llegar a conspirar contra la necesaria cultura del esfuerzo. Pero hay que distinguir entre las circunstancias no elegidas por las personas, tales como raza, género, hogar, talento, condición social, de aquéllas que son el resultado de una elección, de modo que sus vidas no dependan de consecuencias de las que evidentemente no son responsables. Aquí el argumento de la derecha se vuelve en su contra, porque si sostiene que cada uno debe hacerse
cargo de sus propias elecciones, no puede lógicamente descalificar intervenciones que pretendan corregir las desigualdades que no son la consecuencia de una determinación individual.
Si profundizamos en estos temas, si nos disponemos a defender con más confianza nuestros principios, veremos cómo el pensamiento de la derecha muestra sus debilidades y el progresismo no solamente triunfará en el campo ético, sino además en el argumental.
Para ello, también es necesario propiciar el avance del llamado "tercer sector de la economía", o "economía social." No sólo es un instrumento de convivencia y una clara manifestación ética, sino que además va a resultar indispensable para la lucha contra la desocupación. Hay que impulsarlo, casi con ansiedad. Multiplicar las cooperativas y las mutuales y apoyar a las organizaciones no gubernamentales a las que los partidos políticos no deben mirarla con cierto recelo competitivo. Hay que impulsarlas, comprendiendo que mucha gente considera la incorporación a un partido, como demasiado compromiso, y procuran volcar su costado altruista hacia asociaciones que se proponen solucionar problemas individualizados, tales como los derechos de la mujer o los ecológicos. Se hace perentorio apoyar el trabajo social, que bien estructurado puede ser más eficaz que el seguro de desempleo, por lo menos, sin duda, en lo que hace a la estima personal del desocupado.
Reiteramos entonces: no tenemos derecho a considerar lo probable, como inevitable.
En definitiva, el futuro depende de nuestra disposición para la lucha en todos los campos, desechando, claro está, el extremismo, la violencia y la demagogia.
Resoluciones sobre las situaciones nacionales en los siguientes países de la región: Colombia, Perú, Puerto Rico y Venezuela
RESOLUCION SOBRE UNA CUMBRE MUNDIAL ANTIDROGAS
Antecentes:
- La Internacional Socialista en su XXI Congreso, reunido en París en noviembre de 1999, reafirmó la prioridad de la lucha contra el crimen organizado, el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de dinero.
2. En la misma reunión se resolvió exhortar a Colombia a mantener todos los esfuerzos para lograr la paz y se creó una Comisión Permanente de seguimiento.
3. En marzo de 2001, 11 partidos políticos progresistas de los países vecinos a Colombia reunidos en Panamá, decidieron apoyar la negociación de paz en Colombia, buscar una salida pacífica al conflicto, al igual que exhortar a la comunidad internacional a fortalecer y ampliar la lucha contra el consumo, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
4. SICLAC, reunido en Buenos Aires, aprobó el 11 de junio el documento "Hacia la Profundización de la Democracia", en el que se analizan políticas y estrategias comunes para asegurar una sociedad de oportunidades para todos, que garantice la paz y la seguridad.
5. La paz y la seguridad en Colombia pasan obligatoriamente por una solución al problema del narcotráfico y del consumo de drogas a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario revisar los resultados de la lucha mundial contra este flagelo de la humanidad, incluído el llamado "Plan Colombia".
Resuelve:
Apoyar la propuesta del Partido Liberal de Colombia de convocar una Cumbre Mundial Antidrogas para definir nuevas estrategias y nuevos rumbos en este tema.
Iniciar un proceso de preparación, de recolección de información, de consultas con gobiernos, con especialistas en la materia, y otros organismos internacionales, a fin de promover la preparación de esa Cumbre. Enviar una misión de la Internacional Socialista posteriormente a la consulta interna en la cual se escogerá el candidato único del Partido Liberal a la Presidencia de la República; realizar un encuentro del Comité en ese país en abril del año 2002, y trabajar para que la Cumbre Mundial se realice durante el período presidencial que se inicia en agosto de 2002.
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en Buenos Aires el 11 y 12 de Junio de 2001: 1. Que desde el 5 de abril de 1992, el Perú se encontró bajo el imperio de un régimen autocrático. 2. Que ese régimen entró en colapso durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año próximo pasado, generando una situación política que concitó la atención y la preocupación de la Internacional Socialista, expresada en diversas resoluciones de este Comité. 3. Que el 22 de noviembre del 2000, se instaló en el Perú un Gobierno de Transición que condujo a un proceso de democratización y llevó adelante un proceso electoral limpio, justo y transparente. 4. Que el compañero Alan García Pérez, ex—Presidente Constitucional del Perú, que fue objeto de una campaña de desprestigio por parte de un régimen que, a la luz de los acontecimientos, ha sido uno de los más ominosos y corruptos de la historia latinoamericana, pudo retornar a su país e inscribirse como candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, cuando el Gobierno de Transición optó por dar cumplimiento a las recomendaciones expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que los procesos instaurados contra él violaban no solamente la Constitución Política del Perú sino la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Expresar su plena satisfacción por la reciente realización de elecciones transparentes, libres y justas en el Perú, que refuerzan y consolidan los avances democráticos en el continente. Felicitar al compañero Alan García Pérez por su destacada participación en estas elecciones. Y, ratificar su confianza en el Partido Aprista Peruano que hoy impulsa la concertación y el consenso, contribuyendo a la gobernabilidad en el Perú.
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, SICLAC, reitera su apoyo a la lucha del pueblo puertorriqueño por lograr el cese inmediato de las maniobras militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla de Vieques y la devolución y saneamiento de los terrenos ocupados. Igualmente, manifiesta su solidaridad con Rubén Berríos Martínez, Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño y Presidente Honorario de la Internacional Socialista, y con los cientos de puertorriqueños de todos los partidos políticos que al igual que él, han sido convictos y permanecen encarcelados por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos por sus acciones de desobediencia civil pacífica en Vieques. SICLAC reconoce además que la lucha que en Vieques ha lidereado Rubén Berríos, y que hoy agrupa a la abrumadora mayoría de los puertorriqueños —incluyendo a su gobierno- constituye no sólo una profunda afirmación de la identidad nacional de Puerto Rico y un reclamo de respeto a los derechos humanos, sino una manifestación de la urgente necesidad de superar la condición de subordinación política que aflige a ese país latinoamericano y caribeño. Por último, SICLAC confía que el Comité Especial sobre Descolonización de Naciones Unidas que habrá de sesionar sobre el caso de Puerto Rico el próximo 21 de junio del corriente año reitere una vez más —como lo hizo el año pasado en una histórica Resolución unánime- el reclamo del fin de la ocupación militar de Vieques y la reafirmación del derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, expresa su pleno apoyo a los esfuerzos del pueblo de Venezuela y del Partido Acción Democrática en favor del mantenimiento de la democracia, la institucionalidad y el respeto de los derechos humanos, e insta a los partidos hermanos de la región a mantener una actitud vigilante en los diversos foros internacionales, del cumplimiento por parte del gobierno de Venezuela de los Acuerdos y Convenios suscritos para la preservación de los valores democráticos. Igualmente, se adhiere a los reclamos en favor de la realización de elecciones sindicales libres para la renovación de las autoridades de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (C.T.V.), y en favor de la defensa de la autonomía de las universidades venezolanas. Co-Presidente del Comité Co-Presidente del Comité Secretario General de la IS ARGENTINA ARGENTINA ARMENIA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ESPA Si busca una reunión anterior, favor consulte la sección BIBLIOTECA.
Raúl Alfonsín
Argentina, UCR)
Anselmo Sul
(Chile, PRSD)
Luis Ayala
Partido Socialista Popular, PSP
Rubén Giustiniani
Hermes Binner
Clori Yelicic
Carlos Nivio
Carlos Enrique Maniero
María del Carmen Viñas
Mariano Díaz
Silvia Ausburger
Fernando Asegurado
Laura Sesma
Raúl Sánchez
María Elena Barbagelata
Juan Carlos Zabalza
Alfredo Remo Lazzeretti
Unión Cívica Radical, UCR
Angel Rozas
Raúl Alconada Sempé
Enrique Nosiglia
Marcelo Stubrin
Luis Cáceres
Leopoldo Moreau
Florentina Gómez Miranda
Adolfo Gass
Carmen Storani
Alicia Tate
Abel Miguel
Pablo Javkin
Manuel Terradez
Carlos Becerra
FRA, Partido Socialista Armenio
Mario Nalpatián
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR-NUEVA MAYORIA
Oscar Eid Franco
Guido Riveros
Fernando Pantoja
Partido Democrático Trabalhista, PDT
Hesio Cordeiro
Pedro Rúas
Edialeda Nascimento
Maria José Alves
Angela Ruas
Partido Socialista, PS
Camilo Escalona
Partido Liberal Colombiano, PLC
Eduardo Verano de la Rosa
Juan Manuel López Cabrales
Freddy Sánchez Arteaga
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